Hay un escenario que es el de la no participación, el de la no movilización, por ende, es el de aceptar lo que nos impongan y asumir las reglas que van imponiendo a la sociedad a actuar de una manera u otra.
Otro escenario es el de un político y otro el del intelectual. Un político y un intelectual son cosas diferentes. Exigir de un político que haga todo por la causa que abraza, quiere decir que se mantenga sobre el plano político, que esté en disponibilidad perpetua a su partido, que lleve a cabo las acciones comunes con los que van en su misma dirección y establezca estrategias para conseguir objetivos que para el partido, para él mismo y para su lógica, determine qué es lo mejor para el país.
Exigir del intelectual que haga todo, ya es otra cosa. El intelectual no tiene el poder del político, porque es un hombre que vive su contradicción en su interior y en lo exterior. El intelectual no tiene ningún poder real, ninguna eficacia real; sin embargo por ser ineficaz, es que puede servir. Hay que pedirle que se comprometa totalmente, en tanto tiene un trabajo real y tiene una eficacia en ese plano porque ahí es contradictorio. Si el intelectual no descubre constantemente su contradicción en sí, si no ejerce constantemente su oficio de intelectual, de científico o técnico de un saber práctico, es un marginal, no un intelectual. Si al contrario, continúa ejerciendo, se encuentra en una contradicción, porque él debe dar testimonio de su contradicción, es decir, debe a la vez ejercer su oficio y comprometerse en la manifestación de las contradicciones de la sociedad. Uno, no es posible sin el otro. Sin embargo, en los tiempos que hoy vivimos, el intelectual tiene las herramientas para que su trabajo se distribuya masivamente y se manifieste en las etapas que generan la convicción y el empoderamiento en las personas, de que la teoría puede ser real, si existe la organización que por esas herramientas, dará el inicio a la movilización, haciendo de ésta el sentir del cómo querer vivir en un futuro cercano.
Por lo demás, desde un punto de vista jurídico y legal, el poder o la fuerza que tengan determinados partidos políticos en función del gobierno, no da legalidad. Por ejemplo, después de la segunda guerra mundial, los estatutos de Nuremberg permitieron juzgar a los culpables, ya que los aliados vencieron; era evidente, si los alemanes hubieran ganado la guerra, hubieran establecido ellos los tribunales, y Churchill y Eisenhower hubieran sido juzgados.
La fuerza no da legalidad.
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